● Javier Armas lo atribuye a falta de gestión y negligencia del anterior equipo de Gobierno que no ha logrado ejecutar las obras previstas en las residencias de la tercera edad
El presidente del Cabildo de El Hierro, Javier Armas, ha informado hoy miércoles, 5 de julio, que la Institución deberá devolver 2,3 millones de euros del Plan Sociosanitario de Canarias por falta de justificación, según la Resolución de la Dirección General de Discapacidad y Dependencia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias con registro de entrada en el Cabildo el pasado viernes, 30 de junio.
Acompañado por el vicepresidente primero, Juan Manuel García, y el consejero insular de Servicios Sociales, Alberto Armas, el presidente herreño denuncia lo que considera un “grave quebranto económico para el Cabildo” y que atribuye a la falta de gestión y negligencia del anterior equipo de Gobierno al frente de la Institución.
“No me siento vinculado con este expediente y si el Cabildo pierde esta cantidad de dinero es exclusivamente responsabilidad del anterior equipo que ha gobernado la Institución en los últimos cuatro años”, declara.
“La Consejería ofreció un plazo de 10 días para que el Cabildo presentara alegaciones antes de emitir esta Resolución y no se hizo, permitiendo -afirmó- un daño económico considerable y, lo peor, dejando en el punto de salida la búsqueda de financiación necesaria para dar solución definitiva a obras de gran trascendencia para dotar de servicios a la población más vulnerable de la isla”.
Desde 2017 comenzó este Plan Sociosanitario, que en el caso de El Hierro, a través de un Convenio firmado con la Consejería, permitía dotar de marco financiero la ejecución de obras de gran interés social en la isla, como las reformas de las residencias para la tercera edad de La Frontera y El Pinar, la dirección facultativa de las mismas y mejoras en el centro para la atención a personas y familias con discapacidad Ezeró, entre otras.
En 2018, el Cabildo recibió 1 millón de euros y, en 2019, 3 millones. De los 4 millones recibidos, el Cabildo solo ha justificado 1,6 millones, por lo que tendrá que reintegrar los 2,3 millones restantes sin recurso ante la Consejería, emplazándolo a un posible contencioso ante los tribunales de justicia “con unas costas muy elevadas y con escasas posibilidades de ganar”, afirmó Armas.
“El daño económico para esta isla es incluso mayor, porque ese convenio ofrecía la posibilidad de incrementar en 2 millones más los fondos para esas obras si se justificaban adecuadamente las cantidades recibidas en 2017 y 2018, algo que nunca se produjo, por lo que perdemos 4 millones de euros para unas obras que estaban valoradas en 6 millones”, declaró.
Javier Armas explica que el 15 de septiembre de 2022 finalizó este Convenio y, posteriormente, el 2 de noviembre de ese mismo año, el Cabildo de El Hierro solicita dos prórrogas, una para ejecutar las anualidades 2017 y 2018 hasta 2025 y justificarlas a 31 de marzo de 2026 y, otra, para prorrogar las obras de 2022 hasta 2027 justificarlas en la anualidad siguiente, solicitud que nunca se sometió a la consideración de la comisión de seguimiento del convenio.
“En marzo de este año 2023, se justifican 1,6 millones de los 4,3 recibidos, siendo admitido por el Gobierno de Canarias, a falta de los 2,3 millones que se deberán devolver junto a unos intereses de demora que conforme pase el tiempo pueden llegar a ser cifras considerables para esta Institución”.
En mayo de este año, el propio Gobierno envía el borrador de esta Resolución al Cabildo con el objetivo de que presentara en el plazo de 10 días las alegaciones que estimara convenientes, sin que esto se llevara a cabo, lo que da mayor gravedad si cabe a la situación administrativa de este expediente, tal y como relató hoy el presidente, quien expresó su preocupación porque estas obras tan importantes se quedan a partir de ahora sin financiación.
Así, al Cabildo le cabe ahora decidir si opta o no por un contencioso ante los tribunales o si procede a devolver esta cantidad de forma urgente para evitar el incremento de costo con intereses de demora, así como decidir cómo y con qué ficha financiera dar solución a las obras previstas en el Convenio.
