El PSOE de La Frontera rechaza la Ordenanza de Convivencia por ser excesivamente restrictiva y sancionadora
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de La Frontera ha votado en contra de la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, aprobada recientemente por el grupo de gobierno, al considerar que se trata de una norma que limita en exceso la vida cotidiana de los vecinos y vecinas y que prioriza el castigo frente a la educación y la prevención.
“Más prohibiciones que soluciones”
Desde el PSOE se critica que la ordenanza regule con detalle prácticas tan comunes como regar plantas en los balcones, tender ropa o jugar con una pelota en la calle, lo que a su juicio “convierte la norma en un instrumento de control social más que en una herramienta para fomentar la convivencia”.
Asimismo, denuncian que se prohíban actividades juveniles como determinados juegos en plazas y espacios públicos “sin ofrecer alternativas reales de ocio para los jóvenes del municipio, lo que no resuelve el problema, sino que lo desplaza”.
Preocupación por derechos ciudadanos
El PSOE también muestra su preocupación por:
La presunción de veracidad absoluta que se concede a los informes policiales, “dejando al ciudadano en situación de indefensión”.
La responsabilidad sancionadora impuesta a padres y madres por las conductas de sus hijos menores, “una medida injusta que penaliza a las familias en lugar de apostar por la educación cívica”.
“La convivencia se construye con participación, no con sanciones”
Para los socialistas, esta ordenanza refleja un modelo de convivencia “basado en multas y prohibiciones”, cuando lo que necesita La Frontera son políticas activas de educación, prevención y participación vecinal.
“La convivencia se construye desde el respeto y la responsabilidad compartida, no desde el miedo a ser sancionados. Queremos una normativa que eduque en valores y fomente la cohesión social, no un catálogo de prohibiciones”, afirmó el portavoz socialista.
Compromiso del PSOE
El Grupo Municipal Socialista reitera su compromiso de trabajar por una ordenanza más equilibrada, participativa y educativa, que ponga en el centro los derechos de la ciudadanía y no solo las sanciones.