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Valverde, 22 de septiembre//“En apenas tres años, hemos visto como el Gobierno de Canarias presentaba a bombo y platillo un informe que justifica la necesidad de implantar una línea marítima para unir El Hierro, La Palma y La Gomera, como parte de un eje vital necesario para el desarrollo económico y social de las denominadas Islas Verdes, a ver como el mismo Gobierno desestima su propia propuesta por motivos económicos” señala el diputado del PP, Juan Manuel García Casañas.

Este 20 de septiembre, el diputado herreño recibía respuesta del Ejecutivo Autonómico a una interpelación que había formulado sobre el estado del los trámites para implantar una conexión marítima entre las tres islas occidentales, mediante la fórmula de Obligación de Servicio Público (OSP), al entender García Casañas que se estaba demorando en el tiempo un proyecto apadrinado desde el propio ejecutivo, la respuesta no podría ser más desalentadora, ya que no se ve viable implantar esta OSP por motivos económicos.

“Cuesta entender esta situación, que hace apenas tres años el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias presentase en El Hierro este proyecto, debidamente avalado con los preceptivos informes y que ahora el mismo Gobierno, de otro partido, diga que no es viable, que paralelamente se haya hablado públicamente y presentado un “Estrategia de Desarrollo Social y Económico de las Islas Verdes” y que todo se quede en ruedas de prensa y declaraciones grandilocuentes” declara García Casañas.

“En el Partido Popular vemos con preocupación y enfado como en los últimos tiempos proyectos vitales para el desarrollo socioeconómico de El Hierro desaparecen, como algunos partidos no se ruborizan en desdecirse de lo que hasta hace unos meses defendía a capa y espada. Lamentablemente, ejemplos hay de sobra, como es este caso, el Colegio de Valverde o el Centro Integrado de Formación Profesional, en los que la ceguera y la sordera a conveniencia de algunos la pagamos todos los herreños, no solo en le presente, también estamos embargando nuestro futuro” apunta García Casañas.

Por no haber resuelto la adjudicación de rutas de transporte escolar hasta Valverde, que afecta a toda Canarias

Los alumnos herreños que viven en las localidades de San Andrés e Isora que asisten a los centros educativos de Valverde, y para ello utilizan el transporte escolar al que tienen derecho, no podrán comenzar sus clases desde el primer día al igual que el resto de sus compañeros. Esta situación es consecuencia de la falta de planificación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que no ha sido capaz de contratar ciertas líneas en todas las islas.

La Agrupación Herreña Independiente responsabiliza a los responsables de Educación de no haber realizado a tiempo su trabajo para garantizar que todos los alumnos inicien el curso escolar desde el primer día. En el caso de El Hierro, “es especialmente grave porque se ven afectados niños y jóvenes que de pequeños pueblos del municipio de Valverde que no tendrán otro medio para acceder a clase”.

El conflicto que mantiene educación con las empresas de transporte escolar tiene que ver con la falta de licitación de ciertas rutas, mientras que en otras los contratos si han sido prorrogados. La pretensión de la Consejería de Educación es de rebajar más de un 20% de la tarifa que hasta ahora vienen pagando, y ha dado tan solo tres días a los transportistas para que acepten las condiciones que les imponen. Para ellos las condiciones que pretende la administración son inasumibles.

En una situación como la actual, de la que la administración educativa tiene pleno conocimiento desde hace mucho tiempo, la propuesta de precio del servicio se le ha hecho saber a las empresas el pasado lunes, a apenas tres días del comienzo del curso escolar, lo que ha provocado que el transporte de buen número de alumnos no va a ser atendido.

Las empresas se quejan de la propuesta de rebaja del contrato en un momento en el que se han elevado los costes del transporte como consecuencia del incremento del precio del combustible, especialmente impactante en El Hierro donde se paga el precio combustible más alto de Canarias, otros gastos fijos generales y en plena reivindicación del incremento de los gastos de personal. Para muchas empresas la situación resulta inviable.

La AHI mostrará directamente su queja de esta situación, y otras que afectan al normal inicio del curso escolar, a los miembros del Gobierno de Canarias que vendrán hasta El Hierro para inaugurar oficialmente el curso escolar 2021-22.

Quintero critica el inexistente control por parte del ejecutivo socialista y el daño “irreparable” que se está haciendo a los agricultores herreño

El diputado de AHI-CC en el Parlamento de Canarias, Narvay Quintero, ha denunciado que en las últimas semanas se ha detectado la entrada de piña tropical de terceros países, y por tanto, ilegal en los mercados canarios “debido a la inacción del Gobierno de Canarias y la dejadez de la consejería de Agricultura” que “ni controla, ni supervisa ni inspecciona”.

Para Quintero “es un escándalo mayúsculo” que la entrada de este producto, sin garantías fitosanitarias, esté llegando a nuestros mercados “y compita de forma ilegal con la producción local” causando un doble perjuicio; “al consumidor que desconoce qué está comprando y la calidad del producto y al agricultor canario, especialmente de El Hierro, al que se le obliga a cumplir una serie de requisitos en los cultivos, para luego competir en el mercado con una piña que no pasa ningún tipo de control”.

El también presidente de los nacionalistas herreños señala que es que una “auténtica tomadura de pelo” que esta realidad “se esté viviendo el al mismo tiempo que a la consejera de Agricultura y al presidente de Canarias se les llene la boca hablando de la importancia del sector primario” cuando “con su inacción y dejadez están llevando a la ruina al sector primario de Canarias y especialmente de El Hierro” que, como recordó, “es la primera productora de piña tropical en Canarias”.

Quintero recuerda que el sector primario en las islas, y especialmente, en El Hierro, está soportando una caída considerable en la venta de sus productos por la caída del turismo y debería ser “cuidado y alentado” para recuperarse de esta dura crisis. Sin embargo, lejos de ello “nos encontramos con un Gobierno que está permitiendo la competencia desleal con productos de fuera que llegan de forma ilegal y se venden como producto local; condenando a la ruina a los agricultores”.

“No de puede permitir”, agregó al tiempo que exigió “control, seguimiento y sanciones” para impedir que esta avalancha de piña tropical ilegal siga inundando los mercados de Canarias.

·Todas las islas continúan en el nivel de alerta en el que estaban: Tenerife en nivel 4; La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura en nivel 3; Lanzarote y La Gomera en nivel 2 y El Hierro en nivel 1

·Ante la tendencia ascendente de transmisión del SARS CoV-2 existente, la Dirección General de Salud Pública se mantiene expectante ante la evolución de los indicadores epidemiológicos de los próximos días

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de este jueves, 29 de julio, mantener los niveles de alerta establecidos el pasado jueves para cada una de la islas. Por tanto, tras analizar la evolución de los datos epidemiológicos, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, explicó que se ha determinado que las islas continúen en el nivel de alerta en el que se encontraban: Tenerife se mantiene en nivel 4, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura en nivel 3, La Gomera y Lanzarote (donde epidemiológicamente se incluye La Graciosa) en nivel 2 y El Hierro en nivel 1.

Blas Trujillo dijo que a pesar de la situación epidemiológica preocupante, Canarias es hoy la CCAA con los datos más favorable de España, “no obstante, lejos de congratularnos debemos ser conscientes de que somos las octava en presión asistencial aunque es la que menor letalidad presenta junto con la comunidad balear”, agregó. Señaló que la tendencia ascendente de transmisión del SARS CoV-2 existente actualmente y la presencia en más de un 77 por ciento de la variante Delta mantienen a la Dirección General de Salud Pública expectante ante posibles variaciones de los indicadores.

Trujillo explicó que el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy se sustenta en el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) con fecha de 27 de julio. Ese informe, en el caso de Tenerife, recoge que la situación de transmisión del SARS-CoV-2 sigue siendo muy elevada y sostenida. Entre el 21 y el 27 de julio se notificaron 2.894 casos de COVID-19 con un promedio diario de 296 nuevos casos declarados y se registraron 5 defunciones por COVID-19 la última semana. La tasa de Incidencia Acumulada (IA) a 7 días sigue incrementándose, con valores que superan los 300 casos por cada 100.000 habitantes, situándose en valores de riesgo muy alto, también en este indicador para el grupo de personas de 65 y más años. También se sitúa en riesgo alto la ocupación hospitalaria, con un incremento del 40 por ciento con respecto a la semana anterior, mientras que la ocupación de las UCI se ha elevado a nivel de riesgo muy alto, con una ocupación del 25 por ciento. Por ello, se propone mantener el nivel de alerta 4.

En el caso de Gran Canaria, se recoge que el riesgo de transmisión es elevado, con un ritmo de crecimiento rápido, y proporcionalmente la tasa de Incidencia Acumulada en población de 65 y más años se ha incrementado a mayor velocidad que la del conjunto de edades, situándose ambas en riesgo muy alto. También se han registrado cinco defunciones esta semana y se observa que existe mayor dispersión territorial de los casos notificados respecto a otros momentos de la pandemia. Dado que aún la presión hospitalaria está en riesgo bajo y la ocupación de las UCI no llega al 10 por ciento, se propone que la isla continúe en nivel de alerta 3.

En Fuerteventura se observa que globalmente el riesgo de transmisión es elevado tanto para el conjunto de la población como para la población mayor de 65 años, ambas en riesgo muy alto. Sin embargo, la ocupación hospitalaria, tanto en camas convencionales como en UCI se encuentran en riesgo bajo. Por ello se propone que continúe en nivel 3.

En el caso de La Palma, el indicador de Incidencia Acumulada a siete días se sitúa en riesgo muy alto, tanto en el conjunto de la población como para el grupo de personas de 65 y más años. Asimismo, el número medio de camas hospitalarias ocupadas por enfermos de COVID-19 presenta valores elevados, aunque se encuentran ocupadas por casos sospechosos aún no confirmados, mientras que la ocupación de la UCI está en riesgo muy alto. La trazabilidad se sitúa en riesgo muy bajo, con un promedio del 80 por ciento de los casos en los que se puede identificar el vínculo epidemiológico. Por ello se propone que la isla se mantenga en nivel de alerta 3. 


El resto de islas se mantienen en el nivel establecido la semana anterior, pero todas ellas bajo la vigilancia epidemiológica, si bien Lanzarote presenta niveles de Incidencia Acumulada a siete días en nivel de riesgo medio, mientras que la ocupación hospitalaria se sitúa en nivel muy bajo. Aunque en La Gomera y El Hierro los indicadores aparentan cifras elevadas, la población es pequeña y el número de casos reducido y el control de su vínculo epidemiológico, así como el hecho de que el impacto hospitalario es bajo o muy bajo, se recomienda que ambas islas permanezcan en nivel de alerta asignado en la evaluación anterior: La Gomera nivel 2 y El Hierro nivel 1, aunque se estima que habrá que vigilar y controlar el potencial incremento en el número de casos notificados.

La subvención alcanzará a 112 beneficiarios que planeen crear sus propias empresas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el portal web la resolución de la “Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores”, contemplada en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la región de Canarias para el periodo 2014-2020 y cuya ficha presupuestaria que asciende a 6.503.000 euros.

Esta subvención de la Consejería que dirige Alicia Vanoostende alcanzará a 112 beneficiarios de todo el Archipiélago y está destinada a apoyar las nuevas empresas lideradas por jóvenes agricultores del Archipiélago. Del total de la ficha económica, 3.289.000 euros corresponderán a la anualidad de 2021 y el resto, 3.214.000 euros, se concederán en 2022.

Tal y como resuelve en el documento publicado, las ayudas están cofinanciadas por la Comunidad Autónoma, el Estado y la Unión Europea. El 85% de la financiación procedente de fondos FEADER se abonará directamente a los beneficiarios por el Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos.

Estas ayudas integran la perspectiva de género con el objetivo de incrementar la participación de la mujeres. Una de cada tres ayudas aprobadas han sido para mujeres emprendedoras del sector primario. Un total de 41 jóvenes agricultoras han accedido a esta línea del PDR.

La titular regional de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha remarcado que “es una cuestión de máxima prioridad para este Ejecutivo apoyar la creación de nuevas empresas e incentivar que los jóvenes puedan desarrollar su profesión en el sector primario”. En este sentido Alicia Vanoostende ha añadido que “el agro de las Islas ofrece muchas posibilidades, por lo que debemos seguir invirtiendo en nuevos proyectos, que generan empleo y diversifican nuestra economía, de jóvenes profesionales que se están incorporando al sector”.

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha reclamado a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas la necesidad de impulsar el desarrollo de la Ley de Calidad Agroalimentaria, aprobada por unanimidad “de este Parlamento y que el Gobierno de Canarias ha guardado en una gaveta durante estos dos años”.

Es fundamental para los sectores implicados que haya una apuesta clara por todo aquello que regula la norma, que fue aprobada en abril de 2019 y cuyos plazos para hacerla realidad, 18 meses, ya están ampliamente superados”, explicó Quintero.

A la espera están muchos productores que reclaman definición de las prescripciones técnicas específicas para un producto o grupo de productos agroalimentarios englobados en la artesanía alimentaria; y los enólogos, que han visto concluido el plazo para especificar sus responsabilidades y funciones para la realización de determinadas prácticas enológicas y las condiciones para su utilización en las bodegas de Canarias.

Por otra parte, se han dejado en el limbo las disposiciones que modificaron para proteger el término “guachinche” que establecían un año para que solo pudieran utilizar ese término aquellos establecimientos donde se desarrollara la actividad de comercialización temporal de vino de cosecha propia. “Nada se ha hecho por ninguna administración para comprobar si se está cumpliendo esa limitación en el uso del término”, denunció el diputado.

En cuanto a la inspección, “es imprescindible la constitución del Consejo de Control de la calidad alimentaria, como órgano de coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno con competencias en materia de inspección y control de la cadena alimentaria”.

Igual abandono han tenido los denominados productos agroalimentarios tradicionales de Canarias, “que necesitaban ser caracterizados y categorizados” para su mejor comercialización y venta, así como se ha cumplido el plazo para presentar las alegaciones ante el Tribunal Constitucional para que reconociera la denominación de vino de frutas, “sin que el Gobierno de Canarias hiciera nada”.

Tampoco se ha avanzado en el desarrollo reglamentario, mediante decreto, de la regulación de las competencias en cuanto a los alimentos transgénicos, una vez que, en coherencia con la declaración de la Comunidad Autónoma de Canarias como zona libre de cultivos transgénicos, se instó por la Ley a que el Gobierno de Canarias regulase sus competencias en esta materia.

“Y qué decir de la denominación del alimento del año, que la Ley tenía como objetivo promocionar, fomentar su consumo y difundir el conocimiento sobre sus propiedades, con el que se pudiera promocionar la salud y resultara de especial interés para Canarias”, concluyó Narvay Quintero.

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Ana González, valora las actuaciones realizadas por la Consejería de Educación del Gobierno canario durante el pasado curso escolar para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, como la implantación del Plan para la Educación Digital Canaria y las medidas para los alumnos con necesidades especiales

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Ana González, ha destacado este martes [20] en la comisión parlamentaria de Educación, Universidades, Cultura y Deportes las actuaciones y medidas implantadas por la Consejería durante este pasado curso escolar 2020-2021 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, al considerar que ese “esfuerzo” supuso que los centros educativos de las islas hayan sido “entornos seguros”, y que se hayan atendido las necesidades del alumnado más vulnerable.

González intervino en una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la valoración del Ejecutivo autonómico sobre el curso escolar 2020-2021, en la que recordó que los grupos confinados en los centros educativos de Canarias apenas se han situado entre el 0,02% y el 0,4%.

La diputada socialista priorizó el “esfuerzo” realizado por la Consejería de Educación en el último trimestre del curso 2019-2020, en pleno confinamiento, para dotar al alumnado de los recursos digitales que requirió la situación, así como el apoyo de los ayuntamientos para hacer llegar dicho material al alumnado.

Entre estas medidas, destacó la puesta en marcha del Plan para la Educación Digital Canaria del Siglo XXI, donde se han enmarcado un conjunto de medidas y estrategias integradas para ofrecer servicios, herramientas, recursos digitales, apoyo, dinamización y asesoramiento, capacitando al sistema educativo canario para la sociedad digital.

Además, recordó que también se puso en marcha una experiencia pionera en el Estado como el Aula canaria de Enseñanza en Línea, garantizando el derecho a la educación del alumnado que no pudo asistir a clase, ya sea por su especial vulnerabilidad, o la de su familia o por la realidad sanitaria.

Asimismo, mencionó el desarrollo del programa PROA+20/21 en 123 centros educativos de las islas, para establecer un mecanismo de ayuda financiera y formativo a los centros, apoyando sus actuaciones educativas en las condiciones especiales del alumnado. “Por lo tanto, garantizando la continuidad y el avance educativo de todo el alumnado, con especial atención a los más vulnerables”.

Agilización de las obras en infraestructuras educativas

González destacó las becas para el alumnado de Formación Profesional Dual de Canarias y los convenios de cooperación con ayuntamientos y cabildos que están agilizando las obras en infraestructuras educativas, así como la modificación de crédito para invertir 18 millones de euros en dichas instalaciones educativas y deportivas.

Para la diputada socialista, han sido importante también las medidas desvinculadas con la pandemia, como el incremento de la plantilla docente respecto a cursos anteriores a esta crisis y la bajada de ratio en algunas enseñanzas y cursos, que se unen a la “batería de medidas” para dar respuesta al alumnado con necesidades especiales.

En su opinión, “nunca ha habido otro momento en Canarias en el que se haya puesto tanto interés e inversión en beneficio del alumnado NEAE”.

Por su parte, agradeció la labor a las comunidades educativas de todos los centros escolares, y afirmó que ha sido un curso “lleno de dificultades pero que entre todos y todas, desde sus responsabilidades, se afrontó cumpliendo estrictamente con los protocolos sanitarios establecidos y cuantas adecuaciones, en función de la evolución de la pandemia, se establecieron”.