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La restauración y los lugares de ocio, entre otras actividades, continuarán con sus restricciones de horario y aforo para el mejor control de la pandemia, en virtud de las restricciones aplicadas según los informe de Salud Pública

El Ejecutivo autonómico, que tiene tres días de plazo para presentar el recurso de casación ante el Supremo, hace un llamamiento a la responsabilidad personal y cívica para evitar repuntes y seguir cumpliendo con las normas en vigor

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió en la tarde de este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario, convocado de forma urgente tras notificarse la aclaración del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Según anunció el portavoz gubernamental, Julio Pérez, tras ese Consejo, el Gobierno asume la decisión del TSJC de este domingo y deja sin efecto desde esta misma noche el toque de queda, la prohibición de entrar o salir de islas en nivel 3 o 4 de alerta (según el sistema de semáforos establecido en el Archipiélago, pero que en la actualidad no tiene aplicación efectiva al estar todas las islas en niveles 1 y 2) y las limitaciones de eventos de culto en el exterior.

Pérez insistió en que el resto de restricciones, sobre el número máximo de personas en reuniones públicas y privadas, distancia social, ocio nocturno y otras medidas, continúan vigentes. Esta decisión del Consejo de Gobierno se produce tras la petición que en el día de hoy realizaron tanto el Ejecutivo canario como el Ministerio Fiscal en la línea de aclarar el alcance del auto de ayer, domingo.

El portavoz también confirmó que el Gobierno trabaja ya en la elaboración de un recurso de casación bajo los argumentos del interés general y la salud pública esgrimidos en el informe en que se fundamentó el acuerdo de Gobierno del pasado jueves, texto elaborado por los técnicos de Salud Pública y respaldado además por los miembros del comité asesor sanitario del Ejecutivo regional.

Pérez hizo un llamamiento a la responsabilidad y conciencia ciudadana para que, aunque en estos días no haya toque de queda, se sigan cumpliendo todas las normas y se tenga claro que, desde el cierre de la restauración y de lugares de ocio público (como los parques), por la noche y la madrugada “no habrá nada que hacer en la calle: no queremos ver en las Islas las imágenes que se han dado en otras regiones”, recalcó. Aunque no existirá esa limitación para deambular o circular por las vías y espacios públicos, el Ejecutivo insiste en que Salud Pública considera que el mejor medio para seguir bajando los contagios y la incidencia de la pandemia son las medidas adoptadas el pasado jueves. Por eso, este será el argumento central en el que se fundamentará su recurso ante el Supremo.

En la actualidad, ninguna isla se encuentra en el nivel 3 o 4, por lo que no se había establecido ningún cierre perimetral en Canarias. El Gobierno regional subraya que siguen totalmente plenas las medidas sobre aforos, uso de mascarillas, distancia social, limitación de horarios de algunas actividades, las pruebas PCR para alojarse en hoteles de las Islas, el uso limitado de gimnasios, sobre el ejercicio físico en público o las actividades deportivas.

Exige al Gobierno de Canarias que eleve a Madrid un documento consensuado con los sectores afectados, previo análisis y debate.

La Agrupación Herreña Independiente reclama al Estado que dé marcha atrás en la regulación que ha propuesto para la pesca recreativa en aguas exteriores de Canarias al considerar que no ha contado con los sectores y no ha llegado a un consenso ni con los pescadores recreativos ni con los profesionales.

Para la AHI resulta sorprendente que siga siendo el Gobierno de España el que siga regulando este tipo de actividades en las aguas que circundan al Archipiélago canario y se utilicen los mismos criterios para las costas del territorio continental del Cantábrico o el Mediterráneo que para nuestras islas, que tienen sus características específicas. Por ello, lo que procedería en el caso de que no existiera ya la suficiente regulación, es que se redactara un Real Decreto específico para Canarias que contemple nuestras singularidades en tanto se produce la transferencia efectiva de las competencias sobre las aguas canarias que contempla el nuevo Estatuto de Autonomía.
En estos momentos, cuando se desarrollan normas que nos afectan negativamente desde el punto de vista de todos los sectores, es cuándo nos preguntamos: ¿Dónde está el Gobierno de Canarias y su labor de mediación y consenso con el Estado, para contemplar en la norma la gestión de Canarias de la zona comprendida entre aguas exteriores e interiores, tal y como establece el Estatuto de Autonomía?

Por el contrario, lo que sí ha hecho el Gobierno de Canarias es “enfrentar de nuevo a los sectores, sin promover ni el debate, ni el diálogo ni el consenso sobre decisiones que deben tener en cuenta los aspectos que nos afectan”. Son aspectos de carácter técnico, científico, culturales, históricos y los referidos al respeto al medio marino y su biodiversidad.

El Tablón de Anuncios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado hoy, jueves, 6 de mayo, la resolución por la que se concede una ayuda destinada a los productores de determinados cultivos forrajeros del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) correspondiente a la campaña 2020.

Se trata de una subvención que contempla una cuantía de 224.000 euros, con un importe unitario máximo de 300 euros por hectárea, a la que podrán acceder unos 250 peticionarios.

Estos fondos incluyen a los productores de cultivos de trigo; cebada; avena; centeno; millo; guisantes; habas; altramuces; arvejas; alfalfa; pasto de Sudán; ray-grass; tagasaste y otras forrajeras. Se abonará un complemento de la ayuda del 10% de los importes que pudieran corresponderles a los beneficiarios que hayan percibido la ayuda para la instalación de jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural (medida 112 del PDR 2007-2013) en la campaña en curso o en cualquiera de las cuatro anteriores.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, explica que “con esta ayuda se contribuye a incrementar el autoabastecimiento y reducir la importación de forraje para la alimentación de la cabaña ganadera de las islas”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abonado 1,5 millones en concepto de ayudas excepcionales del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para mitigar los efectos de la pandemia en los ganaderos productores de leche.

El importe máximo de la subvención, a la que han podido acceder 511 ganaderos y ganaderas, ayuda a los beneficiarios con un máximo de 7.000 euros por solicitante.

Estos fondos están cofinanciados por la Unión Europea en un 85%, por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en un 4,5%, y por la Consejería en un 10,5%.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, explica que estas subvenciones suponen “una asistencia de emergencia a los ganaderos productores de leche, especialmente afectados por la crisis de COVID-19, para subsanar los problemas de liquidez que pone en peligro la continuidad de las actividades agrarias, con el fin de garantizar el mantenimiento de su actividad empresarial”.

La responsable regional del área recuerda que “el sector lácteo de la ganadería canaria ha destacado en los últimos años por un aumento de la producción de leche gracias a unas granjas mucho más eficientes y competitivas en las que tienen cabida los avances tecnológicos, mejoras en la nutrición, en el manejo del ganado y en su genética. Los ganaderos cada vez están más cualificados y tienen un firme compromiso con el bienestar animal, el desarrollo rural y el cuidado del medio ambiente”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha convocado para el ejercicio 2021 las ayudas por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vino con Denominación de Origen Protegida (DOP), del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), cuya ficha financiera asciende a 3,7 millones de euros.

A esta subvención, cuya financiación procede del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), podrán acceder aproximadamente 3.500 agricultores de Canarias. Cabe destacar que para este año se ha aumentado el importe de la ayuda para las producciones que no cuenten con seguro, pasando de 1.600 euros por hectárea a 2.000, mientras que para las producciones que cuenten con seguro agrario el importe pasa de los 1.800 euros por hectárea del pasado año, a los 2.200 euros.

Se abonará un complemento de ayuda del 10% de los importes que pudieran corresponderles a los beneficiarios que hayan percibido la ayuda para la instalación de jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural (medida 112 del PDR 2007-2013 o submedida 6.1 del PDR 2014-2020) en la campaña en curso o en cualquiera de las cuatro anteriores.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, señala que “el sector vitícola de las islas ha sufrido especialmente las consecuencias de la crisis sanitaria con una disminución de ventas importante, por lo que esta ayuda supondrá una inyección de liquidez importante para el sector”.

Enlace al Boletín Oficial de Canarias (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/024.html

La Agrupación Herreña Independiente considera evidente que para el Cabildo de El Hierro, en concreto para el PSOE, el PP y la Agrupación de Electores, no es urgente solucionar el problema de la carestía de los combustibles en nuestra isla. Prueba de ello es que con los votos en contra de estos grupos se rechazó una moción de urgencia de la AHI que ni siquiera llegó a debatirse.

El portavoz de los independientes justificó la urgencia de la moción presentada en que cada día que pasa la diferencia al alza de los combustibles en nuestra isla con respecto a Tenerife es mayor, incluso de han detectado diferencias que superan los 40 céntimos por litro con respecto a algunas gasolineras de las islas capitalinas.

Juan Pedro Sánchez propuso “eliminar el impuesto canario que grava los combustibles con carácter inmediato en las islas menores y solicitar una obligación de servicio público (OSP) con la mayor celeridad posible, porque existen precedentes en este sentido en otros servicios esenciales como los transportes”.

Los partidos que apoyan al presidente del Cabildo votaron en contra de considerar urgente la moción de la AHI, lo que para nuestro partido es una absoluta falta de respeto hacia los herreños porque su máxima institución insular se niega ni tan siquiera a analizar en profundidad una propuesta que puede poner fin a uno de los problemas más acuciantes que tienen los herreños hoy.

Esta decisión del partido socialista herreño, y de su secretario general y presidente del Cabildo, lo que viene a confirmar es que van a remolque de lo que mande el partido socialista de Canarias y todo lo que sea cuestionar la autoridad del presidente del Gobierno incomoda en esta isla, aún a costa del bolsillo de los herreños, que siguen pagando cada día el gasoil y la gasolina más cara de Canarias.

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha puesto en evidencia el voto negativo del Partido Socialista a una propuesta de resolución de CC-PNC-AHI en la que se proponía “equiparar el precio de los combustibles que asumen los habitantes de La Palma, La Gomera y El Hierro al resto de las islas, modificando el impuesto especial de la Comunidad Autónoma sobre el combustible derivado del petróleo”.
Para Quintero es incomprensible y contradictorio que “no tengan entre sus objetivos excepcionar o disminuir el tramo actual en la gasolina y gasóleo en estas islas” y aprueben, al mismo tiempo, una propuesta con la que constatar “el esfuerzo del Gobierno de Canarias para no favorecer las técnicas oligopolísticas y monopolistas que solo implican encarecimiento del carburante”.

Este debate viene realizándose en el Parlamento de Canarias principalmente a instancias del diputado nacionalista, que ha cuantificado el gravamen que supone este sobrecoste para las familias y empresas de El Hierro, La Palma y La Gomera, con respeto a otras islas.
Hay que tener en cuenta que el precio del combustible, que ha venido incrementándose desde 2015, “supone un gravamen, para cualquier familia de El Hierro, de 75 euros al mes y cerca de 800 euros al año”; el mayor de las tres islas afectadas.

Para Quintero, a la hora de defender la tesis de liberalizar la competencia no se tiene en cuenta la economía de escala, “ni la dificultad que supone que una actividad económica obtenga beneficios y genere la entrada de otros operadores cuando el volumen de negocio es limitado”. En este sentido puso como ejemplo como en El Hierro “la facturación de todo un mes en una de las tres gasolineras que existen es la que realiza una estación de Tenerife en un solo día”.

Desde el Grupo Nacionalista Canario hemos propuesto insistentemente “un tipo impositivo diferenciado para las tres islas, en una cuantía igual al incremento del precio medio que han experimentado” y para controlar que estos beneficios repercutan directamente en los consumidores directos y no en las compañías “abogamos por una perfecta gestión del dinero público y que se controle con un observatorio la posibilidad de que las empresas obtengan beneficio a costa de una subvención pública”.