Por Lucía Fuentes
Sin entrar en cómo deberían o no gestionarse las viviendas vacías en Canarias para hacer frente a la crisis habitacional, me gustaría hacer una reflexión sobre cómo un asunto se usa con fines electorales por quienes gobiernan para copar los titulares de los medios regionales, pero careciendo de la más mínima base sobre la que sustentarse.
En el Decreto-ley 1/2024, el Gobierno de Canarias declaró de interés general excepcional la situación de emergencia habitacional en las islas, alegando como una de las principales causas de ésta la existencia de viviendas vacías. Dos años más tarde, el mismo Gobierno pone de manifiesto las limitaciones de los estudios del INE, aún único organismo que ofrece datos en relación a la vivienda vacía, y que se basa únicamente en el análisis del consumo eléctrico, lo cual genera resultados muy poco fiables.
Al margen de que el Gobierno autonómico todavía no haya sido capaz de obtener tan siquiera informes fiables, a pesar de ser la vivienda el asunto que a día de hoy más preocupa a los canarios y canarias, tampoco se ha centrado en realizar otro tipo de estudios de especial relevancia para poder decidir y actuar. El País Vasco, por ejemplo, ha llevado a cabo un estudio verdaderamente importante en lo que a políticas públicas se refiere, distinguiendo entre viviendas desocupadas gestionables y no gestionables, en el que se concluye que un 30% de las viviendas vacías de dicha región no son gestionables.
Si en Canarias se realizase un estudio similar, probablemente el número de viviendas vacías no gestionables por causas jurídicas, técnicas, de habitabilidad o por situaciones personales de los propietarios, superaría con creces ese 30%. A lo que hay que sumar la alta presencia en Canarias, sobre todo en las islas verdes, de segundas residencias que se usan de forma discontinua a lo largo del año y que, por tanto, no son inmuebles vacíos. Ante las solicitudes de datos, la Consejería responsable se ha mostrado en los últimos años muy reticente a facilitar información. Y no es de extrañar cuando, ya en el último cuatrimestre del 2026, reconocen que aún están analizando posibles vías para obtener los datos necesarios que faciliten la elaboración de una estadística fiable al respecto y de un Registro de viviendas deshabitadas.
Mientras tanto, el presidente Clavijo continúa ocupando titulares en “sus” medios regionales, hablando de expropiar y de subir los impuestos a las viviendas vacías.