
NOTA DE PRENSA/El Ayuntamiento de Valverde levanta un muro de opacidad para ocultar los expedientes del nuevo colegio de Hoya del Juez y de una instalación industrial anexa
•La corporación municipal exige «escrituras, estatutos, etc.» a la plataforma ciudadana “ TINGANAR” para frenar cuatro solicitudes de información pública registradas desde septiembre, pese a estar firmadas con certificado digital oficial.
•Escándalo institucional en el consistorio: el Alcalde, Carlos Brito, asegura en plena calle no saber nada del requerimiento amenazante enviado con su propia firma electrónica oficial.
•Tingamar denuncia una maniobra de obstrucción y menosprecio al ciudadano ante una petición estrictamente cívica, de interés general y ajena a cualquier sigla política o rédito electoral.
Para el colectivo TINGANAR, entre las prioridades de actuación para nuestra isla están las relativa a educación, porque la formación de nuestros jóvenes es una base fundamental para el progreso y bienestar de un pueblo. Y para tener un buen sistema educativo, en imprescindible contar con un buen equipamiento de infraestructuras, es decir, edificios, instalaciones y canchas deportivas.
Valverde cuenta con un colegio construido hace cincuenta años, en un edificio obsoleto, sin espacios adecuados y con una complicaba accesibilidad, y por ese motivo, en el año 2011 decidió el ayuntamiento de Valverde, con acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas y de la comunidad educativa, adquirir 16.000 m2 de terrenos en Hoya del Juez para la construcción del nuevo colegio CEIP y de otros equipamientos educativos.
Pero a pesar de que incluso se licitó por parte del gobierno de Canarias el inicio del procedimiento para ese proyecto que se estaba tramitando, de pronto, y sin que se expusieran razones de ese cambio de criterio, a instancia del Cabildo, que por otra parte no tiene competencias en este ámbito, y del ayuntamiento de Valverde, se desestima la Hoya del Juez como emplazamiento del colegio y se proponen diversas alternativas, la última de las cuales ha sido hacer una reforma y pequeña ampliación del colegio existente.
Ante el clamor de muchos ciudadanos por ese inexplicable cambio de criterio, nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Valverde el 28 de septiembre en base al derecho al acceso a la información pública sobre diversos asuntos relacionados con la construcción del nuevo colegio CEIP de Valverde y la afección de los terrenos de Hoya del Juez, adquiridos para ese fin.
Cuando un vecino o un colectivo ciudadano pregunta por el futuro del colegio público donde estudiarán los niños del municipio o por la legalización de una instalación industrial junto a ese mismo centro educativo, una Administración democrática responde con datos y documentos. El M.I. Ayuntamiento de Valverde, por el contrario, ha decidido responder con el manual de la vieja burocracia: obscurantismo, trabas absurdas y un desconcierto interno que roza el ilícito penal.
La Plataforma de Participación Ciudadana TINGANAR a través de su representante, ha presentado entre el 28 de septiembre y el 11 de octubre de 2026 hasta cuatro escritos oficiales (registros de entrada n.º 5139, 5208, 5210 y 5364) solicitando acceso a la información pública sobre dos asuntos de evidente impacto vecinal en la zona de Hoya del Juez – La Florida: el proyecto de construcción del nuevo CEIP de Valverde y el expediente de solicitud de legalización de una instalación industrial ubicada en ese mismo enclave.
Pero en lugar de facilitar los expedientes como obligan la Ley estatal 19/2013 y la Ley canaria 12/2014 de Transparencia, el Ayuntamiento ha tardado casi un mes en emitir una respuesta fechada el 22 de octubre que constituye un monumento al formalismo obstruccionista, pidiendo en papel lo que ya acredita el certificado digital. ¡Un absurdo burocrático!
En el documento municipal, el propio Ayuntamiento reconoce literalmente que el solicitante «se ha identificado como representante de persona jurídica mediante su firma electrónica». Pese a que ese certificado digital oficial no se concede sin haber acreditado previamente ante la Administración la legalidad de la asociación, su CIF (G88768908), sus estatutos y el cargo de su representante, el consistorio le da un ultimátum de diez días hábiles para que presente «copia de escritura de constitución, estatutos, etc».
Resulta tan revelador como alarmante el nivel de rigor jurídico del requerimiento municipal: no solo ignora que las asociaciones ciudadanas no precisan de «escritura notarial» para existir y que la Ley 39/2015 prohíbe tajantemente a un Ayuntamiento pedir documentos que ya están en el Registro de Asociaciones de Canarias, sino que además exige aportar un inaudito «etc.». Una cláusula abierta e indeterminada impropia de una Administración seria, diseñada con el único propósito de aburrir, obstaculizar y menospreciar al ciudadano para tener la excusa perfecta con la que archivar la petición sin mostrar un solo papel. Todo ello olvidando algo elemental: en España y en Canarias, cualquier ciudadano a título individual tiene pleno derecho a consultar el proyecto de un colegio público y un expediente urbanístico-industrial, sin pedir permiso ni rendir pleitesía al gobernante de turno.
Sin embargo, el episodio más grave de esta deriva opaca se ha producido fuera de los despachos. El requerimiento obstruccionista lleva estampado el sello electrónico oficial del Alcalde-Presidente de Valverde, Carlos Brito Brito. No obstante, al ser interpelado personalmente en la calle por el representante de TINGANAR acerca de este escrito, el propio Alcalde ha asegurado no tener conocimiento alguno del documento enviado en su nombre.
Desde TINGANAR se lanza una pregunta directa a la opinión pública y a los responsables municipales:
Si el Alcalde-Presidente de Valverde no tiene conocimiento del documento oficial que lleva su firma electrónica, ¿quién o quiénes están gobernando, dictando resoluciones y disparando con la firma digital del Alcalde sin que él lo sepa?
La firma electrónica de un Alcalde no es un tampón de caucho que pueda rularse de mesa en mesa por las oficinas municipales. Es una credencial criptográfica personalísima e intransferible protegida por la ley. O bien alguien dentro del Ayuntamiento de Valverde está usurpando funciones y utilizando la firma digital del primer edil a sus espaldas —lo que podría constituir un gravísimo delito de falsedad en documento oficial penado con cárcel e inhabilitación en el Código Penal—, o bien el Alcalde firma compulsivamente documentos contra los vecinos sin leerlos y luego niega su autoría en la calle para eludir su responsabilidad política. En cualquiera de los dos casos, la gravedad institucional es mayúscula.
En defensa del interés general, sin colores políticos Desde TINGANAR Plataforma de Participación Ciudadana, se quiere dejar claro a toda la ciudadanía de Valverde y de El Hierro, que esta petición de información responde única y exclusivamente a la defensa del bien común y del interés general. La plataforma carece de color político alguno, no responde a intereses partidistas ni busca rédito electoral de ninguna clase. Su único objetivo es ejercer un derecho democrático básico: saber cómo se proyecta el nuevo centro educativo de nuestros hijos en Hoya del Juez y qué instalación industrial se pretende legalizar a su lado.
TINGANAR ya ha registrado un contundente escrito jurídico de oposición exigiendo la entrega inmediata de los expedientes, pidiendo que se audite quién usó realmente la firma electrónica del Alcalde en ese documento y advirtiendo de que, si persiste el bloqueo informativo, llevará el caso ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, sin perjuicio de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal presuntas irregularidades. La transparencia en la gestión de lo público no es un favor que concede el Ayuntamiento: es una obligación legal, ante la que ningún muro burocrático va a lograr que la ciudadanía mire hacia otro lado.
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