Después de 20 de años de la primera denuncia relacionada con la gestión de residuos por parte del Cabildo de El Hierro, quien fuera director del área de Medio Ambiente, Javier Armas, la consejera Claribel González y la técnica Fabiola Ávila, han sido absueltos y sus causas archivadas por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, y se ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la causa.
La resolución de la justicia es clara: no existió delito medioambiental ni responsabilidad penal, por lo que las personas investigadas deben ser consideradas inocentes a todos los efectos, como si hubiera recaído sentencia absolutoria.
Durante dos décadas se ha sostenido una acusación que finalmente no ha podido acreditarse. No se han demostrado hechos delictivos ni daño ambiental. Para ello la defensa de los responsables públicos desarrolló una actividad probatoria que puso de manifiesto la inexistencia de daño ni de conductas constitutivas de delito. El propio Ministerio Fiscal terminó reconociendo la falta de base suficiente para sostener la acusación, lo que ha llevado al sobreseimiento libre acordado por el tribunal, en el caso de González y Ávila.
Estas resoluciones ponen fin a un largo proceso judicial que invita a una reflexión más amplia: el posible daño sobre la naturaleza y el daño moral sobre las personas y los
trabajadores con responsabilidades públicas..
Durante años este procedimiento ha generado una percepción pública negativa en torno a la gestión de residuos, trasladando a la ciudadanía dudas sobre la eficacia del sistema y el destino de la recogida selectiva. Eso ha tenido efectos no deseados, porque se ha debilitado la confianza en las políticas ambientales, e incluso ha desincentivando prácticas responsables. Afirmaciones tales como que parte de los residuos que debían destinarse al reciclaje acaban en circuitos menos adecuados, o que “todo se mezcla o se quema” son extremos que no se corresponden con la realidad, como ha quedado demostrado en los últimos años.
Por otro lado, el procedimiento iniciado en relación con una institución como el Cabildo de El Hierro, terminó teniendo una clara repercusión personal sobre los investigados en su condición de trabajadores públicos, con consecuencias en el ámbito personal, profesional y reputacional nada positivas que se han prolongado durante demasiados años.
Hoy, la resolución judicial restituye la dignidad, el honor y la credibilidad de Javier Armas, Claribel González y Fabiola Ávila, pero abre una necesaria reflexión sobre la importancia de la prudencia, el rigor y la responsabilidad en la construcción y difusión de relatos públicos, especialmente cuando afectan a personas concretas y a cuestiones de interés general como el medio ambiente.
