A raíz del último pleno del Cabildo insular de El Hierro, la AHI, junto con AH, votó en contra de las modificaciones presupuestarias que proponía el grupo de gobierno destinadas a hacer frente a diferentes obligaciones de pago. Tras esto, han difundido un cartel que sostiene que «la oposición no bloquea, sino que simplemente vota». Es una afirmación que para alguien puede resultar atractiva, pero incompleta.
Votar en contra una vez forma parte del juego democrático. Cuando esta situación se repite de forma consecutiva y en asuntos esenciales para la isla, resulta difícil seguir sosteniendo que se trata de decisiones aisladas y no de una estrategia de bloqueo. Sus efectos merecen ser valorados, más aún cuando entre quienes hoy apelan a la necesidad de negociar se encuentran consejeros que formaron parte del propio gobierno hasta hace muy poco. Quien conoce desde dentro la gestión del Cabildo sabe perfectamente que hay decisiones que no responden a intereses partidistas, sino a estrictas obligaciones legales y administrativas.
Aquí es donde surge la cuestión más delicada: si el rechazo de determinados acuerdos impide cumplir una sentencia judicial firme, el debate deja de ser exclusivamente político. Las sentencias no son opcionales; las administraciones tienen el deber legal de ejecutarlas. Para ello no hace falta negociar ni dilatar los plazos para «estudiarla». Una sentencia firme no se negocia; se cumple. Cuando una mayoría impide adoptar los acuerdos necesarios para cumplir la ley, las consecuencias recaen sobre toda la institución y, en última instancia, sobre los ciudadanos.
Nadie discute que un gobierno en minoría debe dialogar y buscar apoyos; lo contrario sería una temeridad imperdonable. Pero tampoco puede sostenerse que la oposición quede exenta de toda responsabilidad escudándose en que solo ejerce su derecho a votar. La democracia no consiste solo en contar votos; también exige asumir el impacto real de los mismos.
Por eso, la pregunta no debería ser ¿Quién bloquea?, sino ¿Quién asume la responsabilidad cuando la institución deja de cumplir con sus obligaciones? Porque cuando el perjudicado no es el grupo de gobierno, sino el pueblo herreño, el bloqueo deja de ser un eslogan de campaña y se convierte en un problema real para la isla.
Para terminar, un humilde consejo: no confundan el derecho a votar en contra con el privilegio de no responder por las consecuencias. La democracia exige ambas cosas: libertad para decidir y responsabilidad por lo decidido. No solo se responde por lo que se hace; también por lo que se impide hacer.
Alfredo González Hernández