Por Alfredo González Hernández
La respuesta habitual señala al Ejecutivo central, pero la realidad institucional es otra: las competencias clave en urbanismo y vivienda están descentralizadas en comunidades autónomas y ayuntamientos.
Aunque el debate se encauce a menudo hacia el Gobierno central hay que tener en cuenta un factor clave: el PP gobierna en 11 de las 17 autonomías además de en las dos ciudades autónomas y en Canarias en coalición con CC.
La Ley de Vivienda estatal permite declarar zonas tensionadas y limitar los precios del alquiler, pero la decisión final recae en los gobiernos autonómicos. Por ello, responsabilizar únicamente al Ejecutivo central ignora las consecuencias directas de las políticas autonómicas sobre el mercado.
Además, existe una contradicción evidente: el PP exige soluciones, pero ha rechazado los decretos gubernamentales para proteger a inquilinos y familias vulnerables (prórrogas de contratos, contención de subidas y desahucios). Resulta legítimo debatir o matizar estas propuestas, pero exige señalar qué alternativas concretas plantea la oposición y qué medidas aplica allí donde gobierna.
El argumento recurrente de que basta con liberalizar suelo ya se aplicó ampliamente en España: no evitó la especulación ni garantizó vivienda asequible. Reducir el problema al relevo en el Gobierno central es una simplificación. Un debate serio exige fiscalizar a todas las administraciones, analizar qué herramientas utilizan y asumir que la responsabilidad es compartida.
En el plano autonómico canario, la alianza canaria deja al descubierto la fragilidad de su propia agenda social. Frente a la emergencia habitacional que viven las islas, resulta llamativa la doble vara de medir: por un lado, Coalición Canaria vota en Madrid en contra de los decretos estatales que limitaban la subida de precios o protegían ante los desahucios; por otro, la Agrupación Herreña Independiente (AHI), parte del entramado de poder autonómico, se pone de perfil sin articular propuesta alguna ni cuestionar la deriva de su socio parlamentario. Callar o mirar hacia otro lado ante la inacción en materia de alquiler condena a territorios vulnerables como El Hierro a arrastrar una crisis sin respuesta.