Hay palabras que, por su significado, deberían estar a salvo de la política partidista. Una de ellas es solidaridad.
Por eso resulta perfectamente legítimo que se convoquen manifestaciones en solidaridad con Ceuta. Sus ciudadanos tienen derecho a vivir con seguridad, a exigir respuestas a las instituciones y a reclamar una política migratoria eficaz y ordenada. Defender todo eso no debería convertir a nadie en sospechoso de nada.
Pero la solidaridad, para ser verdadera, tiene que ser coherente.
Y desde El Hierro, una isla que conoce demasiado bien el drama de la inmigración y que durante años ha visto llegar a sus costas a personas exhaustas, hambrientas y, en demasiadas ocasiones, sin vida, cuesta entender determinadas formas de abordar este fenómeno.
Por eso sería bueno que quienes llaman a manifestarse «en solidaridad con Ceuta» se manifestaran también, con la misma claridad, ante los hechos ocurridos en una de sus playas: la quema de los escasos enseres y cobertizos de personas migrantes y la obstrucción de la ayuda que se les pretendía proporcionar, la única comida que iban a recibir ese día.
Porque si aquello ocurrió como se ha denunciado, no basta con mirar hacia otro lado. No basta con justificarlo por el malestar, la indignación o la preocupación existente. La desesperación de una sociedad no puede convertirse en una patente de corso para vulnerar la dignidad de quienes están en una situación todavía más vulnerable.
Y aquí es donde convendría que algunos revisáramos nuestros principios.
Se puede defender a Ceuta sin convertir al inmigrante en enemigo. Se puede reclamar seguridad sin negar humanidad. Se puede exigir una política migratoria rigurosa sin justificar comportamientos que atenten contra personas que llegan después de atravesar situaciones que difícilmente podemos imaginar.
También se puede criticar al Gobierno. Y debe poder hacerse. Una democracia necesita oposición, debate y exigencia. Pero una cosa es exigir responsabilidades políticas y otra muy distinta utilizar el drama migratorio para alimentar el enfrentamiento social.
En El Hierro sabemos que detrás de cada cayuco hay mucho más que una cifra. Hay una historia, una familia, una decisión desesperada y, en demasiados casos, una tragedia.
También sabemos que la llegada constante de embarcaciones genera problemas reales: presión sobre los servicios públicos, sobre los recursos de una isla pequeña y sobre quienes trabajan diariamente para atender una situación que no han provocado. Negar esas dificultades sería tan irresponsable como negar la humanidad de quienes llegan.
Precisamente por eso necesitamos menos consignas y más responsabilidad.
No podemos pedir solidaridad para nuestra gente y permanecer indiferentes cuando otros sufren. No podemos indignarnos ante unos hechos y justificar otros dependiendo de quién sea la víctima. Y no podemos hablar de defensa de la convivencia mientras toleramos que determinadas personas sean convertidas en objeto de desprecio.
No puede ser solidaridad con los nuestros frente a los otros. No puede depender de la nacionalidad, del color de la piel o de la situación administrativa.
Si realmente queremos una sociedad segura, cohesionada y justa, debemos ser capaces de defender simultáneamente dos cosas que algunos pretenden presentar como incompatibles: la seguridad de Ceuta y la dignidad de quienes llegan a sus costas.
Una sociedad democrática no se mide únicamente por cómo trata a quienes considera propios, también se mide por cómo trata a quienes llegan en el momento de mayor vulnerabilidad.
Y desde una isla como El Hierro, que ha aprendido a convivir con este drama mucho antes de que algunos lo descubrieran como argumento político, quizá tengamos algo que decir.
Alfredo González Hernández