Por Alfredo González Hernández
Los vecinos de La Restinga tienen todo el derecho a expresar su preocupación ante la situación migratoria que vive la localidad. También tienen derecho a exigir respuestas, medidas y soluciones que protejan la convivencia, la actividad económica y la tranquilidad de su pueblo. Sus reivindicaciones merecen respeto y atención por parte de todas las administraciones.
Ahora bien, el legítimo malestar vecinal no debería servir de escenario para determinadas estrategias políticas. Y la presencia de dirigentes del Partido Popular en la asamblea celebrada por los vecinos invita, cuando menos, a una reflexión sobre la coherencia de su discurso.
El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en duda recientemente que el Gobierno traslade a la Península a las personas migrantes que llegan a Canarias, incluso después de haber sido identificadas por la Policía, como medida para aliviar la presión sobre los dispositivos de primera acogida de las islas.
Ante esa posición, el ministro Ángel Víctor Torres ha planteado una cuestión difícil de eludir: si esas personas no pueden ser trasladadas al resto del territorio español, ¿dónde deben permanecer? ¿En Canarias? ¿En El Hierro? ¿Pretende el PP que las islas se conviertan en un espacio de permanencia obligatoria para quienes llegan por esta ruta migratoria?
Aquí reside la contradicción política. No parece coherente participar en una movilización que reclama soluciones para aliviar la situación de La Restinga mientras, desde la dirección nacional del propio partido, se cuestionan medidas destinadas precisamente a descongestionar los recursos de acogida de Canarias.
La inmigración es un asunto demasiado serio para abordarlo desde la confrontación partidista o el cálculo electoral. Requiere coordinación institucional, solidaridad territorial, recursos suficientes y respuestas que respeten tanto los derechos de las personas migrantes como las necesidades de la población que las recibe.
Los vecinos de La Restinga no necesitan únicamente la presencia de representantes políticos en sus asambleas. Necesitan compromisos, propuestas concretas y coherencia entre lo que se reclama en el ámbito local y lo que se defiende en Madrid.
Porque acudir a escuchar a los vecinos es legítimo y necesario. Pero también lo es explicar qué soluciones se proponen y asumir las consecuencias de las posiciones políticas que se defienden.
La Restinga merece algo más que protagonismo político en medio de una situación difícil: merece soluciones reales y responsabilidad de todos.
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