– La última jornada abordó las novedades jurisprudenciales y legislativas, con especial atención a la actualización de la Ley del Suelo de Canarias, la seguridad jurídica y las medidas urbanísticas vinculadas al acceso a la vivienda
– El encuentro ha centrado el debate en la necesidad de garantizar soluciones para muchos de los problemas básicos que se dan en los procedimientos relacionados con el urbanismo y que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía
El XVI Congreso Canario de Derecho Urbanístico ha concluido este viernes en el Auditorio de La Peña, en Valverde, tras tres jornadas de debate sobre los principales desafíos de la ordenación territorial y urbanística. Bajo el lema ‘La esencia del Urbanismo’, el encuentro ha reunido en El Hierro a especialistas en Derecho Administrativo, magistrados, arquitectos, urbanistas y responsables públicos para reflexionar sobre la capacidad de los instrumentos jurídicos y administrativos para responder a las necesidades sociales y territoriales.
La revisión del modelo de clasificación del suelo, la simplificación de los procedimientos administrativos, la incorporación de herramientas tecnológicas y los mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda han centrado buena parte del programa. También se han abordado la función pública urbanística, los estándares de calidad de vida, la regulación de los usos del suelo rústico y la implantación de energías renovables, en un contexto marcado por la necesidad de compatibilizar el desarrollo territorial, la protección ambiental y la seguridad jurídica.
La sesión final comenzó con la presentación de varias comunicaciones que plantearon cuestiones relacionadas con la inspección técnica de edificios, el mercado residencial y el aprovechamiento urbanístico. Los arquitectos Isabel Jiménez Antúnez y Eduardo Martín del Toro cuestionaron los plazos previstos para las inspecciones de edificios en Canarias, atendiendo a las condiciones ambientales del archipiélago y a la necesidad de prevenir patologías constructivas. Por su parte, Andrés Conesa Fontes expuso las posibilidades del urbanismo modular, tomando como referencia la experiencia japonesa para explorar soluciones a los problemas de costes de la vivienda. Carmen Esther Falcón-Pérez analizó, desde una perspectiva mercantil, el momento en que los derechos de aprovechamiento urbanístico se incorporan al patrimonio de los agentes privados.
La actualidad jurisprudencial reunió al magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea Godoy y a Evaristo González González, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Entre las cuestiones examinadas figuraron los requisitos ambientales de las ordenanzas provisionales, las causas de nulidad de los instrumentos de planeamiento y la suficiencia de la documentación técnica y de los informes preceptivos. También se abordaron la regulación de los proyectos de interés insular y autonómico, las instalaciones energéticas y las consecuencias jurídicas de la anulación de instrumentos de ordenación. En este último ámbito, destacó el debate sobre la sentencia que anula el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria de 2022 y la interpretación que en aquella se hace de la aplicabilidad del régimen transitorio de la Ley del Suelo canaria.
La actualidad normativa centró la intervención de Ángela de la Cruz Mera, técnica del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y experta urbanista, quien advirtió del carácter reactivo y acelerado de buena parte de la legislación urbanística actual. A su juicio, la proliferación de leyes y decretos para responder a problemas urgentes está desplazando en ocasiones al planeamiento, instrumento esencial de la ordenación territorial. La ponente defendió la necesidad de una renovación integral de los sistemas urbanísticos, frente a las modificaciones parciales que predominan en la legislación autonómica.
De la Cruz también analizó las medidas legislativas relacionadas con la vivienda, entre ellas la compatibilidad de este uso con suelos dotacionales y equipamientos. Alertó de los riesgos de adoptar estas decisiones al margen del planeamiento municipal y de los estándares urbanísticos que garantizan los servicios, las zonas verdes y la calidad de vida de la población.
Por su parte, Eduardo A. Risueño Díaz, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y abogado, examinó distintas modificaciones incluidas en el proyecto de actualización de la Ley del Suelo de Canarias, aprobado el 5 de octubre y remitido al Parlamento autonómico. Entre ellas figuran cambios en los proyectos de interés insular y autonómico, en los instrumentos de planeamiento y sus plazos de tramitación, y ajustes en los procedimientos de disciplina urbanística.
El encuentro concluye así con una reflexión compartida sobre la necesidad de adaptar la legislación y los instrumentos de planeamiento a los desafíos actuales, sin renunciar a la protección ambiental, la participación ciudadana y las garantías jurídicas que deben sustentar el desarrollo territorial.