Javier Armas(AHI-CC) contrató al «abogado de las estrellas» de Víctor de Aldama, Cristina Cifuentes, Rita Barberá o Fernando Clavijo en el caso Vertedero

REDACCIÓN/La contratación de un conocido penalista, apodado el «abogado de las estrellas», vuelve a poner sobre la mesa el coste de la estrategia jurídica impulsada durante la etapa de Javier Armas. Una de las últimas contrataciones habría supuesto 47.499 euros más IGIC, una cantidad que supera ampliamente el coste de las primeras diligencias judiciales en Valverde.

El presidente de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, vuelve a situarse en el centro de la polémica por el coste de la defensa jurídica relacionada con el conocido caso de los vertederos. Según los datos económicos que se han puesto sobre la mesa, la factura que habría tenido que asumir el Cabildo de El Hierro asciende a la considerable cantidad de 79.474,50 euros.

Pero lo más llamativo de este asunto no sería únicamente la cifra global, sino el coste de una contratación realizada en la recta final del procedimiento, cuyo importe habría alcanzado los 47.499 euros más IGIC,según publica distintos medios. Una cantidad que, según la información disponible, supera en más del doble el coste de las primeras diligencias realizadas ante el Juzgado de Valverde.

El abogado elegido para estos servicios jurídicos es un conocido penalista madrileño, popularmente conocido como el «abogado de las estrellas», que ha tenido entre sus clientes a personajes de relevancia pública como Víctor de Aldama, Cristina Cifuentes o Rita Barberá, entre otros.

Su nombre tampoco resulta desconocido en el ámbito político canario. Este mismo letrado defendió al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en el controvertido caso Grúas, una investigación judicial que marcó buena parte de su trayectoria política.

¿Una recomendación política detrás de la contratación?

La coincidencia entre el abogado elegido para defender a Javier Armas en el asunto de los vertederos y el letrado que defendió a Fernando Clavijo abre una pregunta que merece una explicación pública: ¿fue el penalista recomendado por el presidente del Gobierno de Canarias?

Una cuestión que, a la vista de las cantidades económicas que se manejan, merece ser aclarada por quienes tomaron las decisiones de contratación.

El caso Grúas también dejó antecedentes relacionados con los honorarios de este abogado. En aquella ocasión, su factura por los servicios jurídicos prestados ascendió a 55.600 euros. El importe generó controversia, ya que los servicios jurídicos municipales de La Laguna cuestionaron tanto la vía utilizada para la defensa como la cuantía de los honorarios, al considerar que debía acudir a los servicios jurídicos municipales y que el importe superaba los criterios orientativos del Colegio de Abogados.

Finalmente, el cobro se habría producido mediante la vía del silencio administrativo, según los antecedentes del caso.

Ahora, en El Hierro, vuelve a aparecer el mismo profesional y una factura de considerable cuantía que termina repercutiendo en las arcas públicas.

La ciudadanía herreña tiene derecho a conocer quién decidió esta contratación, por qué se eligió a este abogado, qué trabajos concretos se realizaron y quién autorizó unos honorarios que alcanzan los 79.474,50 euros.

Porque cuando se trata de dinero público, las explicaciones no deberían hacerse esperar. El Cabildo no es el patrimonio particular de ningún partido ni de ningún dirigente político, y sus ciudadanos merecen transparencia sobre cada euro que se destina a defender sus intereses.


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