
Por.Alfredo González Hernández
La elección del lugar idóneo para las futuras instalaciones educativas y deportivas en Valverde no puede convertirse en un simple debate de preferencias personales, afinidades políticas o intuiciones bienintencionadas. La trascendencia del proyecto obliga a afrontarlo con rigor técnico y visión de futuro.
Estamos hablando de una decisión que condicionará durante décadas el desarrollo educativo, urbano y social del municipio y de la isla. Una infraestructura de esta magnitud debe analizar aspectos esenciales como la previsión real de crecimiento de la población, la climatología de cada emplazamiento, las infraestructuras existentes y aprovechables, los accesos, la movilidad, la capacidad de expansión futura y, sobre todo, los condicionantes urbanísticos que integran y ordenan todos esos factores.
Ha opinado mucha gente, sin duda con buena voluntad, pero no siempre con los conocimientos técnicos necesarios. Sin embargo, lo realmente preocupante es cuando la improvisación política se disfraza de propuesta institucional. Un claro ejemplo lo encontramos en la reciente propuesta surgida en el Cabildo de destinar la Hoya del Juez para albergar las instalaciones educativas y que no fue aprobada por la mayoría.
Cabe preguntarse bajo qué criterios técnicos, si es que existe alguno, se decide amputar de esta manera un proyecto que debería ser integral. Aislar los centros educativos en la Hoya del Juez, convirtiéndolos en una suerte de «isla escolar» desvinculada del deporte y de la propia dinámica urbana de Valverde, parece más una salida de emergencia para cubrir el expediente que una solución meditada. Es mi opinión.
Hasta ahora, las distintas administraciones, desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno de Canarias, han tomado decisiones y posiciones cambiantes. Pero una cuestión tan importante no debería resolverse únicamente desde el tacticismo político o los intereses coyunturales de cada sigla.
Desde mi punto de vista, antes de adoptar cualquier decisión definitiva deberían existir estudios urbanísticos serios, completos y transparentes que analicen comparativamente las distintas alternativas, incluida la viabilidad real de la Hoya del Juez, y que fundamenten técnicamente cuál es la mejor opción para el interés general. Que se sepa, ese estudio integral no existe o, al menos, no se ha dado a conocer públicamente.
Y ahí está el verdadero problema. Porque cuando las decisiones afectan al futuro de generaciones enteras, la prudencia exige apoyarse en informes solventes, multidisciplinares y suficientemente rigurosos.
El urbanismo no es dibujar líneas en un mapa; es sociología, economía y calidad de vida aplicada al territorio.
El urbanismo es la ciencia que evita que los errores de los políticos se conviertan en los problemas crónicos de los ciudadanos. Exigir un tratamiento técnico para la Hoya del Juez no es un capricho burocrático, es la única garantía de que no estamos construyendo el colapso del Valverde del mañana.
Personalmente no me atrevería a decidir una cuestión de esta dimensión por mera ocurrencia política y sin el amparo de estudios técnicos serios y contrastados, porque «Doctores tiene la Santa Madre Iglesia».